10-07-2015
Nadie es profeta en su tierra...
CHRISTOPHER BOSLER, El autor es gerente general Bolsa de Productos.
ASI DICE el refrán... Permítanme presentarles un notable ejemplo de innovación financiera que nació en Chile, y que actualiza desde el mercado de capitales ese conocido dicho popular. Hace siete años nació en Chile la Bolsa de Productos (BPC), con la intención de implementar en el país un sistema de negociación de productos agrícolas que fuera transparente, justo y sofisticado, que contribuyera a la formación de precios y facilitara el acceso a capital para el agro. A poco andar, y gracias en gran medida a la ley de facturas (19.983), la SVS autorizó la transacción de facturas como un “producto” de la BPC, generando un mercado de financiamiento de capital de trabajo muy ágil y atractivo en términos de tasas. Las empresas proveedoras ganaron una nueva fuente de financiamiento, competitiva y transparente, y los inversionistas un nuevo instrumento de inversión de bajo riesgo para diversificar sus portafolios. Sin embargo, debió pasar un buen tiempo hasta que los volúmenes de operación comenzaran a ser relevantes, y grandes pagadores e inversionistas institucionales comenzaran a participar de esta plaza bursátil desmutualizada. En el intertanto, el mercado que había creado la BPC le llamó poderosamente la atención a las principales bolsas de la región andina. El año 2013, la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa de Valores de Lima ingresaron a la propiedad de la bolsa chilena, debido al gran potencial que vieron en este nuevo mercado. Ambas tienen la intención de implementar en sus respectivos países un modelo de Bolsa de Productos similar al chileno. El año pasado, la Bolsa de Valores de Bogotá señaló que deseaba transar facturas. Lo mismo están apoyando las autoridades ecuatorianas y Panamá está cerca de abrir una rueda de facturas en su mercado bursátil. Es el momento de que Chile y el resto de los países que están empujando el crecimiento de este mercado bursátil de facturas se preocupen de mejorar sus respectivas legislaciones, para hacer jurídicamente más sólidas las facturas y facilitar a nivel regulatorio el surgimiento de modelos emergentes de financiamiento e inversión.

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